(Publicado originalmente en eldia.com.do/consulta-inmobiliaria en fecha 01-07-2011)

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país aglutina un amplio conjunto de áreas, espacios y ecosistemas diseminados por toda la geografía nacional, áreas protegidas de carácter público, que según la Constitución y la normativa que rige la materia son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Esto supone que estas áreas están fuera de todo comercio y fuera del alcance del dominio privado de los particulares. 

En efecto, sobre terrenos dentro de áreas protegidas no procede en ningún caso el registro del derecho de propiedad producto del proceso de saneamiento. 

Sobre esta cuestión es importante distinguir lo que ocurre en caso de que la condición de área protegida de un espacio o ecosistema haya sido investida con posterioridad a la existencia de parcelas debidamente registradas en esa zona. Para este caso, cabe resaltar la disposición del párrafo del art. 9 de la Ley 202-04, sobre áreas protegidas, en el sentido de que se reconocerán como tales (esto es, como parcelas debidamente registradas a favor de particulares), los terrenos de dominio privado con título de propiedad inscrito en el Registro de Títulos correspondiente con anterioridad a la promulgación de la Ley, y que se encuentren dentro de áreas protegidas. 

Este reconocimiento del derecho de propiedad privada es compatible con el principio de irretroactividad de la ley y con la garantía del derecho de propiedad que queda a cargo del propio Estado en la Constitución de la República (art. 51). No obstante, el propio párrafo del art. 9 establece un dominio eminente sobre los predios así reconocidos a favor del Estado, lo que significa que tiene a su favor un derecho de preferencia a la compra, el que se impone ante cualquier otro adquiriente. En todo caso, la adquisición por parte del Estado tiene que ir precedida por pago o compensación por los terrenos.